Dirigencias estatales y grupos legislativos del PRI, PAN y PRD manifestamos su voluntad y disposición de atender el llamado que hicieron cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil a la gobernabilidad y respeto al Estado de Derecho.
Así lo señalaron por medio de un comunicado, donde destacaron que “antes del Gobierno de Samuel García, Nuevo León nunca había atravesado una crisis de ingobernabilidad como la que hoy vivimos y lo cierto es que, si bien siempre han existido puntos de vista e ideas contrastantes entre los partidos y actores políticos, también siempre se había logrado un diálogo constructivo que durante décadas permitió construir el estado líder, vanguardista e industrial que hoy disfrutamos y del que nos sentimos orgullosos”.
Apuntaron que el liderazgo de Nuevo León se logró durante gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, “conciliando diferencias, encontrando coincidencias, y siempre, absolutamente siempre, respetando la ley”.
Afirmaron que las y los diputados del Congreso del Estado han actuado en estricto apego a la ley, “porque estamos convencidos de que nadie puede estar por encima de ellas, sin embargo, no ha sido el caso del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Samuel García”.
Aseguraron que lamentablemente y en perjuicio de Nuevo León.
las autoridades estatales, sistemáticamente, han infringido la Constitución Local y la Ley, siendo algunos ejemplos de estos casos los siguientes:
– Se ha omitido arbitrariamente la publicación en el Periódico Oficial del Estado de más de 200 decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado.
– Se han vetado decretos o acuerdos aprobados por el Congreso del Estado en materias en las que la Constitución Local lo prohíbe.
– A pesar de que la Constitución Local obliga al Gobernador a presentar el presupuesto de egresos del año siguiente a más tardar el 20 de noviembre, en 2022 y nuevamente en 2023, no se presentó.
– Trata de imponer al Secretario General de Gobierno como encargado del despacho, en desacato a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya determinaron que el Congreso del Estado es el único facultado para nombrar a un Gobernador Interino.
– La Tesorería Estatal ha congelado cuentas de municipios gobernados por el PRI y el PAN, así como cuentas personales de legisladores y actores políticos de estos partidos, utilizando para ello procedimientos ilegales que violan el debido proceso.
– El gobernador Samuel García, el Secretario General de Gobierno Javier Navarro, así como otros funcionarios del gobierno estatal, han inventado actos para ampararse en Reynosa, Tamaulipas y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
– A través de las secretarías de Medio Ambiente, del Trabajo, de Salud, la Tesorería Estatal, Protección Civil y Agua y Drenaje se han realizado más de 350 actos de molestia (clausuras, suspensiones, inspecciones, colocación de reductores de agua, etc.) dirigidos a personas vinculadas a la oposición para amedrentar e intentar someter voluntad al partido del Gobernador.
– El gobierno estatal ha retenido la entrega de recursos presupuestales a municipios gobernados por el PRI y el PAN, esto a pesar de existir determinaciones judiciales que ordenan entregarlo. Esta situación ha retrasado obras públicas y proyectos de seguridad.
Subrayaron que esta serie de ilegalidades son una falta de respeto a la ciudadanía de Nuevo León, tienen que terminar.
“Reiteramos nuestro compromiso de acudir a cualquier llamado que tenga la finalidad de generar un ambiente de gobernabilidad para nuestro estado, teniendo como premisa fundamental el respeto a la Ley”, concluyó el escrito.
