En un hecho sin precedentes, el Gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, no ha liberado el recurso necesario para el pago de la nómina de la primera quincena de noviembre, afectando con esta decisión a más de 7 mil personas servidoras públicas, 130 de ellas, integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León.
La presidenta de este organismo, Susana Méndez Arellano, dijo que es preocupante que no se respete la autonomía de este órgano protector de derechos humanos, expresó que es una situación nunca antes vista, ya que la Comisión no está dentro de ningún tema político.
Explicó que las recomendaciones por violaciones a derechos humanos que se han emitido, se acreditaron por diversos medios de prueba, cumpliendo así con el deber constitucional como personas servidoras públicas.
El derecho al salario es precisamente un derecho humano y en este sentido, al no recibir dicha remuneración se están afectando los compromisos de las familias que son víctimas indirectas y por consecuencia otros derechos como la alimentación, vestido, educación, salud, entre otros.
Nos unimos al llamado para exigir al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado se cumpla con carácter de urgente con el depósito del recurso necesario para cumplir los pagos.
La Presidenta de la CEDHNL aseguró que en caso de ser necesario, existe la disponibilidad para apoyar a las personas trabajadoras de este Organismo con las acciones legales pertinentes para garantizar sus derechos.
