La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, en busca de proteger los derechos de las personas migrantes, hace un atento llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ya que en últimas fechas se incrementaron las quejas realizadas por personas en dicha condición.
La titular del organismo, Susana Méndez Arellano, explicó que se llevaron a cabo brigadas de apoyo a personas migrantes que se encontraban concentradas en diversos puntos de Monterrey, en las cuales, además de brindarles asistencia e insumos, escucharon las situaciones que padecen a su llegada, argumentando ser víctimas de presuntas detenciones arbitrarias, robos y extorsiones por parte de “personas uniformadas” sin precisar o tener certidumbre de la corporación o autoridad correspondiente.
Susana Méndez Arellano, puntualizó: “Insistimos en esta búsqueda de promover y proteger los derechos humanos, en particular de los grupos que se sitúan en mayor riesgo de vulnerabilidad, por lo que consideramos oportuno emitir una solicitud a los 51 municipios de Nuevo León, así como un atento y respetuoso exhorto a las autoridades de seguridad, de Salud e Inclusión en el Estado, del Instituto Nacional de Migración y de las Fuerzas Armadas”.
El llamado está dirigido al actual general de División Diplomado de Estado Mayor, Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la Cuarta Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; al general de Brigada Diplomado del Estado Mayor José Luis Chiñas Silva, comandante de la Séptima Zona Militar de la Secretaría de Defensa Nacional; al general Alberto Miguel Rodríguez Granada, Coordinación Estatal Nuevo León de la Guardia Nacional.
Así como al Lic. Jesús Macías Sánchez, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Así como al Dr. Gerardo Saúl Palacios Pámanes, secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León; a la Dra. Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud del Estado de Nuevo León, y a los 51 Ayuntamientos del Estado.
El Estado Mexicano establece que cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional goza de todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad personal, a un alojamiento digno, a la educación, a la autorización de actos del estado civil, a no ser incomunicado, a la prohibición de discriminación, detención arbitraria, extorsión, tortura, esclavitud y trata de personas.
Además, de manera implícita establece la obligación de proveer servicios públicos a cualquier persona, sin reparar en su situación migratoria, como recibir atención médica y los medicamentos adecuados si se padece de alguna enfermedad; incluyendo, la atención psicológica o psiquiátrica, además de mantener la unión y comunicación con las personas o familiares que los acompañan.
Finalmente en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de la notificación, se deberá informar a esta Comisión Estatal, respecto a las atenciones brindadas a este llamado.
