El diputado local del PRI, Ricardo Canavati Hadjópulos promovió una iniciativa de Reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad para que las personas que tienen alguna enfermedad mental sean consideradas personas con discapacidad.
Al presentar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, el legislador tricolor detalló que el INEGI en el año 2021 registró una cifra de 1.6 millones de personas que padecen algún problema o condición mental en Nuevo León.
“Es muy importante que las personas que presentan alguna dificultad mental sean consideradas como una persona con discapacidad y tengan las mismas oportunidades y derechos que las personas que presentan otros tipos de minusvalía puesto que muchas veces, aunque su enfermedad, o trastornos pueden automedicarse no pueden controlar sus acciones y por ende no pueden ser capaces de una vida ordinaria porque al momento que se les presente un ataque no podrán controlar sus impulsos”, afirmó el Diputado del PRI.
“A pesar de que su discapacidad no sea física, visual o comunicativa al tener esta condición mental la mayoría de las veces se les impide su inclusión plena y efectiva en la sociedad”, aseveró.
La iniciativa de reforma contempla modificar por adición el artículo 2 y 6 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado.
“Las personas que padecen enfermedades como la epilepsia, Parkinson, migraña, ictus, esclerosis múltiple, cefaleas requieren de cuidados y atención especial, además de que presentan una angustia significativa o problemas para desenvolverse en la vida”, afirmó.
“También es necesario que las organizaciones, o quienes apoyan a las personas con discapacidad tengan el otorgamiento de estímulos fiscales y que tengan aptas sus instalaciones para ellos, y que realicen algunas acciones que colaboren con políticas públicas que estén realizando tanto legalmente como socialmente”, manifestó.
Canavati Hadjópulos también presentó una iniciativa de reforma de la Ley, para que las personas con discapacidad tengan el derecho de su plena incorporación a las actividades cotidianas, el gozar de servicios de salud, a recibir orientación jurídica oportuna y el derecho a que se implementen los ajustes razonables en áreas y espacios públicos que les permitan el goce y disfrute de la infraestructura urbana y de servicios.
