Por la omisión del Ejecutivo en la presentación del Presupuesto Estatal para el próximo año, el Congreso local aprobó la promoción de una controversia constitucional contra las autoridades estatales encabezadas por el gobernador, Samuel García Sepúlveda.
El exhorto fue presentado por el coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Carlos de la Fuente Flores, en sesión ordinaria del Poder Legislativo.
“Se aprueba analizar por medio de la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo y en su caso presentar, la controversia constitucional o de inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine, en contra de los actos y/u omisiones por la omisión de presentar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023, como la probable reconducción ilegal del presupuesto 2022, por parte del Poder Ejecutivo de su titular, así como de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, de su titular y de toda autoridad que sea responsable, en los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como contra cualquier acto u omisión de cualquier autoridad por la cual puedan ser procedentes dichos mecanismos de control constitucional”, señala el acuerdo.
El Punto de Acuerdo fue aprobado con 28 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
Por otra parte, Carlos de la Fuente informó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio entrada a la denuncia por la falta de publicación de decretos.
La demanda es contra la ex titular del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila Moya y el subsecretario, Juan Isidoro Luna Hernández de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana.
“Por un abuso de autoridad fue la denuncia presentada ante la fiscalía especializada en combate de la corrupción que presentó nuestro presidente Mauro Guerra por la omisión de 56 decretos”, explicó Carlos de la Fuente.
“Por lo cual violentando el marco constitucional la división de poderes y pues ayer la juez determinó vincularlos a proceso con una medida cautelar ya que el juez de control y de juicio oral penal determinó la existencia de elementos de la omisión del delito de abuso de autoridad”, añadió De la Fuente Flores.
