Para evitar más defunciones por cirugías estéticas, el Grupo Legislativo del PRI, por medio de la Diputada Ivonne Álvarez García, exhortó a la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario del Estado, que verifique a todas las clínicas que ofrecen estos servicios, al tiempo que presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con mayor rigor a quienes realicen estos procedimientos quirúrgicos sin ser especialistas.
La también Presidenta del Poder Legislativo aseguró que, actualmente, la legislación Penal no contempla sanciones específicas para los giros que de forma irregular se dedican a prestar servicios de cirugías estéticas, sin cumplir con la normatividad sanitaria correspondiente.
“Por tal motivo hoy presenté una iniciativa de reforma al Código Penal que busca modificar el artículo 229 para imponer de 2 a 6 años de prisión a los directores, encargados o administradores de cualquier establecimiento o clínica de cirugía estética que autoricen dichos servicios sin que la persona cuente con cédula legalmente expedida y certificado vigente de especialista, de conformidad con la normatividad correspondiente”, planteó.
“Por lo que respecta al artículo 256 se propone sancionar con mayor rigor a quien se atribuya el carácter de profesionista sin tener el título legal, ya que actualmente se sanciona con 1 mes a 3 años, por lo que la pena se aumentará al doble, es decir de 2 meses a 6 años, a quiénes, ostentándose como médicos profesionales de la salud o denominaciones similares, realicen la cirugía sin contar con los títulos o acreditaciones necesarias, de acuerdo a la legislación en materia de profesiones”, detalló Álvarez García.
Al presentar tanto el exhorto como la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso local, la legisladora priísta recordó que el 25 de enero, en una clínica en San Pedro, una mujer murió tras someterse a una cirugía; y también apuntó el caso de una joven que, en octubre pasado, falleció por presunta negligencia al practicarle un procedimiento estético conocido como Aqualipo.
“Ante estos hechos, exhorto a la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario del Estado, para que realice las inspecciones sanitarias correspondientes que permitan verificar que los establecimientos donde se realizan procedimientos estéticos, cumplan con los requisitos de ley, y en caso de encontrar anomalías, se impongan las sanciones correspondientes”, urgió.
“Muchas veces, por error o por costo de las cirugías, los pacientes caen en manos de gente poco profesional que pone en riesgo su vida y su integridad física, por lo tanto, la autoridad debe poner especial atención en estas situaciones, realizar la vigilancia periódica y aplicar las sanciones correspondientes cuando así lo amerite”, agregó Álvarez García.
La legisladora reconoció que la Fiscalía General de Justicia ha actuado oportunamente en los dos lamentables casos que han ocurrido en fechas recientes; sin embargo, consideró que hay que brindar las herramientas legales necesarias para facilitar el trabajo en procuración de justicia.
La Presidenta de la Mesa Directiva alertó que, de acuerdo a estimaciones de profesionales de la salud, en Nuevo León hay entre mil 200 y mil 500 personas que realizan cirugías estéticas de manera ilegal, cuando oficialmente sólo hay registro de 200 cirujanos plásticos acreditados.
“Es decir, por cada cirujano plástico que hay en Nuevo León que son cerca de 200, hay entre 5 o 6 veces más médicos o personas que, sin ostentar este título o especialidad, se dedican a los procedimientos estéticos sin tener una adecuada calificación o entrenamiento para realizarlos”, insistió.
“Debemos exigir servicios médicos de calidad, en los que se cumplan todos los protocolos necesarios para intervenciones quirúrgicas de este tipo, aunque aparentemente parezcan sencillas no ameriten hospitalizaciones prolongadas, es responsabilidad de los prestadores cuidar el cumplimiento de la legalidad”, recalcó la Diputada.
Álvarez García puntualizó que es importante brindar las herramientas a los operadores del sistema de justicia, para que puedan aplicar las sanciones correspondientes cuando exista responsabilidad por parte de las clínicas y las personas que atienden en ellas.q
