A petición de la diputada Norma Edith Benítez, el Congreso del Estado aprobó exhortar al Poder Ejecutivo de la Federación y al Instituto Nacional de Migración para que desarrolle, emita y ponga en marcha una estrategia de migración con el fin de apoyar a los municipios que albergan a migrantes que se encuentran en la espera de recibir respuesta de sus trámites en los Estados Unidos de América.

En su exposición de motivos la legisladora señaló que la situación de violencia, pobreza, falta de oportunidades y represión de algunos países del continente han creado un clima propicio para que el fenómeno de la migración se incremente en México.

El “sueño americano” que año con año era emprendido principalmente por personas originarias del centro del continente ha sufrido un cambio en los últimos años, puesto que México ha pasado de ser un lugar de tránsito a un lugar de destino de la migración.

Nuevo León representa el 12% de la atención a migrantes de toda la frontera Norte, pues muchos han abandonado el deseo de ir a Estados Unidos y han optado por quedarse en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Se estima que el 90 por ciento de los migrantes no cuentan con documentación requerida para lograr su regularización migratoria.

“Si bien el Estado Nuevo León tiene la voluntad y vocación de atender sin distinciones, es necesario considerar la capacidad y los recursos adicionales que se van a requerir para hacer frente a la posible crisis de movilidad humana que se presenta la actual migración”, aseguró.

Esta situación se agrava en atención a la política que el gobierno de los Estados Unidos ha adoptado en materia migratoria denominada “Quédate en México”.

No obstante que esta es una política pública que impacta directamente a México, la ciudad de Monterrey se verá fuertemente afectada pues se estima que como

consecuencia se están recibiendo alrededor de 50 migrantes. Se espera que entre el 70% y 80% de las personas en situación de movilidad parte de este programa serán trasladadas a Monterrey.

Monterrey es una ciudad que, si bien ha abierto sus puertas a todas las personas sin discriminación, enfrentará las consecuencias de decisiones migratorias por parte del gobierno federal. Personas migrantes trasladadas de otras entidades del país, como la Ciudad de México y Tamaulipas, deberán ahora ser atendidas por nuestra ciudad, sin una política federal que los acompañe en apoyos para la inserción al mercado laboral, vivienda, integración social, etc.

La rectoría de la política migratoria del Estado Mexicano corresponde al Gobierno Federal, el cual debe proporcionar una debida atención de las personas migrantes en respeto a sus derechos humanos, y no así enviar la responsabilidad de esa atención al resto del país sin coordinación y sin aportar recursos materiales y financieros.

El exhorto fue aprobado por unanimidad por los legisladores.