Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo la liberación de 12 marinos imputados por el delito de desaparición forzada de personas no es obra de la casualidad, sino producto de toda una estrategia jurídica que involucra al Almirante Marco Antonio Ortega Siu, ex Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, al Fiscal Especial Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y el abogado Julio César Pulido Segura, Director de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Estos tres personajes son quienes han tramado una estrategia institucional para deslindar de responsabilidad penal a los marinos involucrados en las desapariciones, especialmente a los mandos medios y altos de la institución, han omitido actos de investigación por espacio de tres años soslayando evidencia sólida y testigos, pero, por el contrario, insistiendo en criminalizar a las víctimas y relacionarlas con grupos delictivos”, explicó.
El presidente del Comité de Derechos Humanos agregó que el fiscal especial de la FGR, Abel Galván Gallardo utiliza a dos agentes del Ministerio Público, Antonio Saucedo Cruz y Lester Bautista Mejía para presionar a las víctimas a caer en contradicciones, hostigar testigos y ocultar evidencias que prueban la participación directa de más de un centenar de marinos en las desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo del 2018.
“En la próxima reunión que tengamos con autoridades del Gobierno Federal solicitaremos la renuncia de estos cinco funcionarios tanto de FGR como de CEAV por evidentemente permitir que a tres años de distancia no hay resultados favorables ni en las investigaciones ni en las búsquedas, todo es una simulación para desesperar a las familias y que se cansen”, declaró Ramos.
“Esperemos que este personal de Marina que fue liberado al menos ya no regrese a operaciones navales en el territorio nacional, pues existe el riesgo de que vuelvan a cometer violaciones graves a los derechos humanos como sucedió con el capitán Alfredo Reyes Mondragón, quien después de participar en las desapariciones forzadas de Tamaulipas hizo lo mismo en Guanajuato en 2018”, agregó.
Finalmente el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización no gubernamental que acompaña a familiares de víctimas de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales exhortó al Sub Secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra a pronunciarse públicamente sobre la decisión del Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, para otorgar el amparo que permitió la liberación de 12 marinos.
