A fin de garantizar que los refugios para mujeres en situación de violencia sean accesibles a las víctimas, incluyendo las personas con discapacidad, la diputada federal del PRI, Rosy Morales Tijerina, propuso un cambio legal, que ordene al Estado invertir recursos en infraestructura básica, equipamiento y entorno urbano de estos espacios públicos que pueden evitar más feminicidios en México.
A través de una iniciativa que reforma la fracción lV del artículo 51 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la legisladora de Nuevo León, busca que el Gobierno federal haga su mayor esfuerzo para destinar presupuesto necesario, a fin de disponer de instalaciones óptimas, como una habitación por familia, un baño completo por cada tres estancias, cocina equipada, comedor, baños para el personal, consultorio de enfermería, espacio para talleres grupales, capacitación o empleo, zona de descanso o esparcimiento, lavado y secado de ropa.
Asimismo, la adecuación de áreas para personas con discapacidad, debido a que con base en datos del Instituto Nacional de las Mujeres respecto al Censo de Alojamiento de Asistencia Social, la mitad de los refugios no cuentan con rampas para sillas de ruedas y más del 70 por ciento no tiene adaptaciones en tazas de baño y regaderas.
“Las mujeres con discapacidad también son víctimas de la violencia, la mayoría de los casos en el seno de su hogar, sin embargo, el fenómeno es silencioso, prácticamente son damnificados invisibles y con altos índices de impunidad. Los datos recopilados por el gobierno de México no están desglosados en función de la minusvalía”, acentuó.
La también integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, demandó que “los refugios deben ser una medida de protección para las personas con discapacidad, a fin de que puedan aprovechar de manera consistente, en igualdad de condiciones con los demás. Esto incluye la accesibilidad al entorno físico, considerando los diferentes tipos de necesidades para diversas discapacidades sensoriales, intelectuales, psicosociales y físicas”.
La Organización Human Rights Watch en 2018 y 2019, realizó en Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México una investigación de campo, misma que documenta hechos de violencia ejercida por familiares contra personas con discapacidad; las personas entrevistadas acusaron sufrir abusos que incluyen: agresión física, violencia sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales; además, enfrentan graves obstáculos en el acceso a la justicia, debido a que tienen pocas oportunidades de contactarse con otras personas fuera del hogar, y menos aún de presentar una denuncia sobre una presunta arbitrariedad ante una fiscalía.
Morales Tijerina consideró que no basta con refugios seguros, se requiere sean accesibles a las víctimas de la violencia extrema y a sus hijas e hijos, que las autoridades tengan clara la definición de accesibilidad, para que puedan funcionar con éxito y eviten que más mujeres sean asesinadas por razones de género.
