- El Coordinador del GLPRI lamentó que la Secretaría de Educación estatal ha sido omisa en el tema, pese a los exhortos que se le han remitido por parte del Congreso.
- Destacó que, por salud física y emocional, niñas, niños y adolescentes deben volver a clases con todas las medidas de salud pertinentes.
Para que la Secretaría de Educación tenga la obligación legal de establecer un protocolo de salud en las escuelas que garantice el regreso a clases presenciales de niñas, niños y adolescentes, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Álvaro Ibarra presentó iniciativa de reforma a la Ley de Educación.
Al entregar en la Oficialía de Partes del Congreso local la modificación que busca adicionar un artículo 91 Bis 2 a la Ley de Educación del Estado, el líder de la bancada priísta señaló que ya existe un daño físico, emocional y psicológico en los alumnos de educación básica por el aislamiento en el que han vivido desde hace más de un año de que inició la pandemia.
“Es urgente elevar a rango de la Ley de Educación para que se creen protocolos de regresos a clases seguros, esto facilitará en esta pandemia y en futuras circunstancias de características similares, tener lineamientos a seguir, y evitar dañar la integridad de los miles de niñas, niños y jóvenes que estudian en nuestro Estado”, manifestó el Coordinador del GLPRI.
“El propósito de la iniciativa es que, cuando exista una suspensión de clases de más de 15 días provocada por desastres naturales, o emergencias sanitarias, la autoridad educativa estatal de manera inmediata y en coordinación con las autoridades competentes, desarrolle o, en su caso, modifique el protocolo de regreso a clases presenciales que garanticen la seguridad, salud e integridad de los educandos”, añadió.
Ibarra recordó que el pasado 22 de marzo emitió un exhorto a la Secretaría de Educación del Estado, aprobado por el pleno del Congreso, para que se coordinara con los padres de familia a fin de realizar brigadas de limpieza y detección de daños en las escuelas para que sean reparados lo más pronto posible, sin embargo, hasta el momento la dependencia estatal ha hecho caso omiso.
“Las exigencias de algunas organizaciones de la sociedad civil organizada, han sido que Gobierno del Estado y las Autoridades Educativas Estatales, vayan trabajando en una estrategia estatal de mejoramiento a la infraestructura de las aulas educativas, pues muchos planteles, actualmente, no cuentan con los servicios básicos para poder garantizar un regreso a clases seguro y responsable”, comentó el líder del GLPRI.
Además, a un año de que se suspendieron las clases presenciales por la pandemia de Covid-19, los planteles educativos quedaron totalmente en el olvido, al igual que las aulas, laboratorios y canchas deportivas, las cuales ha sufrido un deterioro que puede empeorar conforme pasa el tiempo, pese a que el Congreso aprobó y etiquetó 150 millones de pesos a la mejora de la infraestructura educativa, apuntó Ibarra.
“No queda duda que la reapertura de escuelas no sólo implicará las mejoras a la infraestructura, sino que además requerirá implementar políticas, procedimientos y recursos que permitan adelantar operaciones escolares seguras que garanticen el aprendizaje, la recuperación, el bienestar, la protección y, especialmente, el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables”, dijo.
“Por ello, la autoridad educativa debe de trabajar con planeación a futuro, en donde se identifiquen todas las necesidades de las escuelas y se solucionen con acciones preventivas para que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan regresar a las aulas de manera segura”, agregó.
Ibarra indicó que en estos momentos se ha reactivado en el Estado prácticamente toda la economía, por lo que el regreso a clases presenciales es prioritario.
“Estados como Coahuila y San Luis Potosí ya han iniciado con la reapertura de escuelas en su entidad, poniendo el ejemplo de un protocolo seguro que implica no sólo que las escuelas cumplan con los servicios básicos, sino que además se cumpla con todas las medidas sanitarias decretadas por la Secretaría de Salud Federal”, concluyó
