Los órganos garantes deben considerar atender los factores presupuestales, de infraestructura tecnológica, regulaciones legislativas y firma electrónica para que ante el panorama actual generado por la pandemia del COVID-19, puedan continuar trabajando en favor del acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión documental, dijo Bernardo Sierra Gómez, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) al participar en diálogo virtual de la Región Norte “Nuevos Paradigmas hacia la Administración Pública Electrónica desde los Órganos Garantes de Transparencia”.
En el evento virtual participó Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de Conrado Mendoza Márquez, Comisionado de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de Baja California Sur (ITAIBCS), quienes dirigieron los mensajes de bienvenida e inauguración.
También participaron en el panel, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado del INAI y Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Así como, Luis González Briseño; Comisionado Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Alma Cristina López de la Torre; Comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y José Alfredo Beltrán Estrada, Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.
Como moderadora colaboró Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT.
En su participación, Sierra Gómez señaló que esta nueva situación de emergencia sanitaria originó que los órganos garantes aplicaran una serie de medidas para continuar laborando, no obstante, éstas deben tener un enfoque de derechos humanos, como la igualdad, la no discriminación, la perspectiva de género, la diversidad, la inclusión y rendición de cuentas.
“Los órganos garantes debemos redoblar los esfuerzos para que en colaboración estemos generando consciencia y difundamos entre los sujetos obligados la importancia de una adecuada gestión documental, en donde se dé prioridad al uso de la tecnología, en particular a la documentación electrónica, para de esta forma poder afrontar de mejor manera el nuevo panorama”, dijo el Comisionado Presidente de COTAI.
También destacó que muchas instituciones y dependencias públicas presentan dificultades en el tema de tecnologías, ocasionando el aumento de trabajo al personal administrativo y operativo, así como el incremento en el horario laboral y costos adicionales.
Consideró que deben atenderse varios factores antes de tomar acciones como el impacto económico, porque el presupuesto de cada sujeto obligado es limitado o enfrenta las reducciones presupuestales a causa de la pandemia, lo que no le permitirá invertir para adquirir software y hardware, a fin de desarrollar las plataformas para sistematizar y automatizar procesos.
“Algunos sujetos obligados, como es en el caso de Nuevo León, la mayoría de los municipios rurales, su capacidad económica es limitada para contar con este equipamiento”, agregó.
Como segundo lugar, señaló la regulación legislativa en México, pues, aunque existe normatividad que regule los procesos informáticos legales, también es necesaria la emisión de disposiciones que permitan dejar clara las reglas para el uso de los medios informáticos y que no quede sólo en ideas generales o que generen confusión.
“Un tercer lugar es la infraestructura tecnológica, porque es necesario que se precise y determine el grado de automatización y la tecnología que se pretende
aplicar, así como ajustarlo al sujeto obligado, esto, para que se sienten las bases de la inter operatividad y la utilización de estándares tecnológicos que faciliten el intercambio de documentos y se minimice al máximo el robo de información y se garanticen la protección de los datos personales”, explicó.
Como cuarto lugar, se refirió a la firma electrónica como una herramienta de suma importancia para poder generar la autenticidad de los documentos, agilizar los procesos, priorizar el trabajo a distancia y asegurar la autenticidad de los documentos.
“Considero necesario que se tenga comunicación y celebren convenios de colaboración, en este caso con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que pueda certificar el uso de la firma y, a la vez, se ajuste para poder soportar el flujo de información que se estará generando y así se evite un colapso en la red, a manera que podamos afrontar los retos, no sólo de esta pandemia, sino también establecidos en la Ley General de Archivos”.
