El Diputado Luis Donaldo Colosio se manifestó en Pleno en contra del Dictamen que decreta autorización a la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, para colocar certificados bursátiles fiduciarios, ya sea mediante una nueva emisión o la reapertura de las emisiones vigentes a la fecha, o celebrar un financiamiento.
Lo anterior, para tres posibles inversiones públicas productivas (ampliación del periférico del área metropolitana de Monterrey Juárez-Allende, autopista La Gloria- Colombia y Libramiento Linares).
El monto de dicho Decreto equivale a $1,740’000,531.87 (1,740 millones de pesos) con un plazo máximo de amortización de 30 años.
Lo anterior, pues está fuera de tiempo y no cumple con la Ley de Disciplina Financiera, puesto que en los antecedentes de este caso, se advierte que mediante un Decreto publicado el 30 de diciembre de 2016 se autorizó a la REA para que bursatilice los Flujos Carreteros de la Carretera Monterrey Cadereyta con el fin de refinanciar las Operaciones Bursátiles, así como constituir un fideicomiso cuyos fines, entre otros, sean la bursatilización o monetización de flujos carreteros, mediante la instrumentación de una emisión o un programa de emisiones de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de hasta $9,000 millones de pesos o su equivalente en Unidades de Inversión.
“Esa autorización fue otorgada para llevarse a cabo hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual no se realizó por dicho ente público, siendo necesario por este Congreso aprobar una nueva extensión por 210 días que culminó en fecha 25 de julio de 2018.
El Dictamen que nos ocupa nuevamente extiende ese plazo otorgado desde 2016 para que la REA emita certificados bursátiles o un nuevo financiamiento por el monto que quedó pendiente de los 9,000 mdp autorizados, es decir, 1700 mdp”, explicó.
No obstante, a diferencia de la autorización que el Congreso llevó a cabo en diciembre de 2017, en este caso dichos Decretos cuentan con efectos extintos.
En aquel caso el Decreto que extendió la autorización efectuada en 2016 que vencía el 31 de diciembre de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado con anterioridad a su vencimiento.
Ahora emitimos un Decreto nuevo, que otorga un financiamiento de 1,7000 mdp que se pretende vincular con autorizaciones cuyos efectos culminaron en julio de 2018, para lo cual el poder ejecutivo debía enviarnos una nueva solicitud que se analizara bajo las disposiciones financieras vigentes, considerando que los Decretos que anteceden esta autorización fenecieron.
“Este Decreto, aun y cuando impacta a la Red Estatal de Autopistas, al ser una entidad del Poder Ejecutivo debe analizarse con base en la Ley de Disciplina Financiera vigente, lo cual no se llevó a cabo en este asunto, para lo cual es de destacarse que actualmente la REA se encuentra con un semáforo en rojo, es decir, con un nivel de endeudamiento elevado al cual le corresponde un Techo de Financiamiento Neto igual a cero”, señaló.
Aseguró, que entiende que una paraestatal como la REA, con una calificación crediticia de AAA, está siendo injustamente evaluada de la misma forma que el Gobierno del Estado en la Ley de Disciplina Financiera.
“Sabemos que la Ley es errónea en ese aspecto y que es urgente una reforma para que no se mida a los organismos paraestatales como al resto de la administración pública central, pero la Ley es la Ley y, en tanto no la tengamos modificada, tenemos la obligación de acatarla”, expresó.
Agregó, que en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se observa que la REA tiene registrada deuda pública y obligaciones a largo plazo por alrededor de 15,256 mdp a los cuales se sumará el endeudamiento aquí autorizado por 1,700 mdp.
“Legalmente su endeudamiento es elevado y por ello no se le puede autorizar un financiamiento más. No podemos perder de vista que tan solo el año pasado este Congreso rechazó a la REA su cuenta pública 2017, para lo cu al creemos incongruente aprobar un financiamiento tan elevado y con tantos cuestionamientos”, concluyó.
Por lo anterior, invitó al resto del Pleno a votar en contra del sentido y contenido del dictamen, sin embargo, este fue aprobado por mayoría.
