Diputados federales por Nuevo León y sociedad civil organizada, denunciaron que el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey se ha convertido en un servicio deficiente, inseguro, obsoleto, con mal mantenimiento y además, existe opacidad en el manejo de sus cuentas, por lo que exigieron al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, garantice seguridad a los más de 500 mil usuarios diarios del Metrorrey y dé transparencia a los recursos públicos invertidos al transporte urbano.
“No queremos tragedias, el transporte público debe ser seguro, barato y accesible a las familias”, advirtió Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputado federal por el PRI, quien en pluralidad con legisladores federales del PAN y PT, acompañaron a la organización “Únete Pueblo” en su demanda para que sea la Auditoría Superior de la Federación la que fiscalice licitaciones autorizadas desde el 2016, para operar las líneas uno, dos y tres del metro en Monterrey.
En conferencia de prensa, explicó que “Únete Pueblo”, que dirige la ciudadana Rocío Montalvo, ha hecho un gran trabajo en Nuevo León; se ha enfrentado a la autoridad para evitar que las tarifas del transporte público suban y hoy que reclama el apoyo de la federación, para que se revise con puntualidad la inversión del Estado al Metro en el área metropolitana de Monterrey, el PRI apoyará este frente social para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación verifique las cuentas públicas de la paraestatal, “nosotros queremos que no suba la tarifa para no afectar la economía familiar, pero también necesitamos revisar la inversión del estado, queremos transparencia y rendición de cuentas”, dijo el legislador priista.
El Metrorrey no ha hecho público los ingresos obtenidos por publicidad, el ingreso en peaje a usuarios, gastos e inventarios de mantenimientos, tampoco ha justificado la amenaza de un incremento a la tarifa, para pasar de 4.50 a 9 pesos. En relación a la adquisición de sujetadores de vías, los cuales son vitales para el funcionamiento y seguridad de la prestación del servicio, no hay información de las licitaciones.
Lo único que se conoce es que se adquirieron 9 mil 300 de esos sujetadores, pero no reunieron las especificaciones técnicas y lejos de devolverlas y seguir las reglas, se aceptaron a pesar del incumplimiento. En diciembre de 2018, se volvió a comprar otra remesa, ahora de 89 mil unidades al mismo fabricante con diferente intermediario.
